Numerosas empresas incumplen las medidas de seguridad que marca la ley para deshacerse de estos documentos.
Algunas entidades se encargan de la autodestrucción de este tipo de información impresa en papel, asumiendo el riesgo de enfrentarse a multas. Otras optan por externalizar el servicio y declinan la posibilidad de sanción en las empresas a las que contratan este servicio. Respecto a estas últimas, el nuevo Reglamento de la LOPD de abril de 2008 recoge en su artículo 20.2 relativo a la destrucción documental: “Las entidades están obligadas a verificar que el proveedor elegido para ello reúna las garantías suficientes”.
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